Vidas hipotecadas por la crisis – España

abril 9, 2012 10:39 am

Después del desempleo, y muy asociado a éste, los desahucios de viviendas se han convertido en el rostro más estremecedor de la crisis económica en España, disparando los índices de pobreza y de exclusión social.

Los desalojos de propietarios o inquilinos endeudados registraron el año pasado un máximo histórico, con un aumento de casi el 22 por ciento respecto a 2010, hasta alcanzar las 58 mil 241 familias, mientras hay más de un millón de casas vacías.

Estos datos, publicados en marzo último por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revelan el impacto que la crisis y el desempleo -de más de cinco millones de personas- han tenido en la pérdida de viviendas.

Bien por no poder pagar el alquiler o porque al comprador le fue imposible abonar su hipoteca al banco, sólo entre octubre y diciembre los desahucios ascendieron a 15 mil 347, en línea con las cifras de trimestres anteriores, precisó el órgano de gobierno de los jueces.

Respecto a las ejecuciones o procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, el CGPJ certificó en 2011 un descenso de 17 por ciento, hasta los 77 mil 854, lejos de las 93 mil 636 actuaciones contabilizadas en 2010.

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, en coincidencia con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se realizaron más de 300 mil ejecuciones hipotecarias en España, que dejaron a centenares de miles de personas en la calle con una deuda de por vida.

Ante su multiplicación, el gobierno conservador de Mariano Rajoy elaboró un denominado código de buenas prácticas, al cual se adhirieron de manera voluntaria una gran cantidad de bancos, que supuestamente debe proteger a las familias más desfavorecidas.

De acuerdo con ese reglamento, aprobado en marzo pasado, se promoverá la dación en pago -saldar la deuda con la entrega de la vivienda al banco- para familias con todos sus miembros en paro y con primeras viviendas de menos de 200 mil euros.

Los afectados tendrán que ser propietarios de una sola casa, no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas y las cuotas hipotecarias deberán superar el 60 por ciento de los ingresos totales de la familia.

CRÍTICAS AL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS BANCARIAS

Símbolo de la debacle desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los desahucios de quienes no pueden costear las hipotecas son cada vez más impugnados por la sociedad, y muchos, incluso, han sido evitados gracias a la acción de diversas organizaciones sociales.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) auguró el fracaso de la norma ideada por el ejecutivo, porque, según su criterio, apenas se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades.

A juicio de Adicae, la dación en pago no es más que una solución in extremis para las personas que en estos momentos se enfrentan al desalojo.

Tampoco convenció a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que en sus tres años de vida ha paralizado cerca de 200 desalojos y logrado centenares de daciones en pago y algunas condonaciones de deuda después de subasta.

Para Ada Colau, de la PAH, el controvertido código, que incluye la dación en pago como una opción voluntaria, es una tomadura de pelo.

Establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción, de manera que, a efectos prácticos, canaliza el proceso hacia una refinanciación de la deuda que sólo interesa a las instituciones financieras, opinó.

La mayoría de los desahuciados tienen menores a su cargo, alertó Colau, tras preguntarse qué sociedad se puede mirar al espejo y no sentir vergüenza cuando ha inyectado dinero a unas entidades bancarias que están dejando en la calle a familias con niños.

Por ello, defendió la desobediencia civil, como oponerse a una expulsión autorizada por un juez, ante una ley que calificó de injusta por invadir otra superior, la de los derechos humanos.

Recientemente, Jueces para la Democracia (JpD) consideró una mera proclama populista y mediática la propuesta del Gobierno de que las familias que se encuentran en el umbral de la exclusión puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda.

La asociación de jueces progresistas reclamó una reforma de la actual legislación hipotecaria por considerar que no reparte de forma equitativa entre las partes afectadas -el banco y el deudor hipotecario- los riesgos y perjuicios de la crisis económica.

Denunció los graves efectos sociales de la normativa hipotecaria, que permite a la entidad financiera adjudicarse la casa por un 60 por ciento del valor en la que la tasó y demandar al ciudadano el resto de la deuda no cubierta.

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, abogó por regular el sistema de subasta de los pisos confiscados.

Es de una gravedad tremenda que los bancos puedan quedarse con la vivienda embargada por un precio por debajo del 60 por ciento de su valor”, manifestó.

Adoptar medidas que permitan seguir utilizando la vivienda con un alquiler asumible por el deudor, o aceptar que los inquilinos puedan declararse en bancarrota para librarse de la deuda, son algunas de las propuestas de la Defensora para reforzar la protección de los hipotecados.

“Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger el derecho de acceso a una vivienda digna, puerta de entrada del resto de derechos”, advirtió hace unas semanas en Barcelona Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas por una Vivienda Adecuada.

Rolnik tachó de ilegales los procesos de desahucios y responsabilizó a la banca y al gobierno de la emergencia habitacional que sufre el país.

LA CRISIS HIPOTECARIA GOLPEA A LOS INMIGRANTES

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, unos 15 mil inmigrantes de esa nación suramericana que con la crisis perdieron su empleo están afectados por el problema de los créditos hipotecarios, muchos de ellos concedidos de forma engañosa.

A finales de febrero pasado, la embajada de Quito en Madrid puso en marcha un servicio gratuito de asesoría jurídica para sus conciudadanos perjudicados por las deudas hipotecarias y los desalojos derivados de su ejecución.

En principio, este programa funcionará unos tres meses en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, las cuatro ciudades españolas con mayor presencia de ecuatorianos, la comunidad latinoamericana más numerosa en este país europeo, con casi medio millón de personas.

Se trata de un drama humano que vive toda España, pero el grupo más vulnerable es el de los migrantes, porque no están en su tierra ni tienen familia a la que acudir, explicó a Prensa Latina la embajadora ecuatoriana en Madrid, Aminta Buenaño.

Los ecuatorianos son muy trabajadores y los bancos vieron en ellos un buen nicho de mercado, apuntó la diplomática durante una entrevista con esta agencia.

Cuentan que fueron seducidos por ciertos sectores de la banca, buscados incluso hasta en sus centros de trabajo, donde les ofrecían muchas facilidades sin darles demasiada información, con lo cual al final firmaban contratos muy perjudiciales, relató Buenaño.

El ecuatoriano se metía en esto porque uno de los requisitos para solicitar la reagrupación familiar era precisamente tener un piso (vivienda) estable, puntualizó la embajadora.

A la terrible situación de sus compatriotas se refirió el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante una fugaz visita realizada a España el 17 de marzo último.

Dando la casa debería extinguirse la deuda, pero no es así, lo cual atenta contra los principios éticos de la economía, señaló Correa respecto a la dación en pago.

Si no hay una flexibilización de las leyes hipotecarias vamos hacia el peor de los mundos, gente que necesita casa sin casas y bancos que no necesitan casas con casas, denunció el madatario, quien lamentó que todo el riesgo recaiga en el ser humano y no sobre el capital.